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La laicidad del Estado y de sus instituciones es ante todo un principio de concordia de todos los seres humanos fundado sobre lo que los une, y no sobre lo que los separa. Este principio se realiza a través de los dispositivos jurídicos de la separación del Estado y las distintas instituciones religiosas, agnósticas o ateas y la neutralidad del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares.

Puede definirse la laicidad como un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos.

Si la laicidad designa el estado ideal de emancipación mutua de las instituciones religiosas y el Estado, el laicismo evoca el movimiento histórico de reivindicación de esta emancipación laica. La laicidad pretende un orden político al servicio de los ciudadanos, en su condición de tales y no de sus identidades étnicas, nacionales, religiosas.

El término laicidad viene del vocablo griego laos, que designa al pueblo entendido como unidad indivisible, referencia última de todas las decisiones que se tomaban por el bien común. El laicismo recoge ese ideal universalista de organización de la ciudad y el dispositivo jurídico que se funda y se realiza sobre su base.

El laicismo como afirma Henri Peña-Ruiz, “es la palabra para referirse al ideal de emancipación de la esfera pública con respecto a cualquier poder religioso o, en un sentido más amplio de toda tutela del Estado que, siendo democrático, ha de ser de todos y no sólo de unos algunos”.

La laicidad descansa en tres pilares: la libertad de conciencia, lo que significa que la religión es libre pero solo compromete a los creyentes, y que el ateismo es libre pero solo compromete a los ateos; la igualdad de derechos, que impide todo privilegio público de la religión o del ateismo; y la universalidad de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo. Esas son las tres exigencias indisociables del laicismo, afirma Henri Peña-Ruiz.