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Tertulia de amigos con Daniel Díez y Diego Acosta. Tema: Eutanasia.

La enmienda a la totalidad del Partido Popular a la Ley de Eutanasia socialista es una negación en sí misma del "derecho a morir". La propuesta popular, registrada a última hora de este martes en el Congreso, regula el derecho del paciente a "adecuar" su atención sanitaria en el proceso final de su vida, a obtener información sobre el pronóstico de su enfermedad y a recibir cuidados paliativos que alivien su sufrimiento. Es decir, no es una ley de eutanasia, sino de atención sanitaria paliativa.

Las diferencias absolutas arrancan en la misma exposición de motivos. Para el PP, ni en la Constitución ni en el resto de nuestro ordenamiento jurídico existe el derecho a morir. No existe un derecho a disponer de la vida ni a poder requerir de los poderes públicos la asistencia para ello". Para el PSOE, "la Constitución garantiza los derechos fundamentales a la vida y la integridad física y también protege constitucionalmente bienes como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad".

La clave del texto del PP es que la muerte debe producirse como efecto de la enfermedad, no del tratamiento que se aplique a un enfermo que la solicite. Mientras la proposición del PSOE habla de "derecho a recibir ayuda para morir" e incluye la "administración de sustancias" que provoquen la muerte del paciente previo permiso expreso de éste, la del PP se limita a la aceptación de una sedación paliativa para aliviar el dolor ante una situación de muerte próxima producto de la propia evolución de la patología.

De hecho, la ley socialista afecta a cualquier persona enferma o con invalidez cuya situación sea irreversible, sin alivio posible y que le provoque un sufrimiento físico o psíquico intolerable. La inminencia de la muerte no es relevante. Para el PP es fundamental.

A lo largo del todo el texto popular se habla de personas "en proceso de morir". Tan es así, que la proposición está dirigida a pacientes "en situación terminal" o en "situación de agonía". "Terminal", cuando "la enfermedad es avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses". "Agonía" cuando la situación "precede a la muerte y se manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de consciencia y pronóstico vital de pocos días".

Tanto el PP como el PSOE coinciden en extenderse en los derechos del paciente a recibir información y a los médicos de dársela. Y al registro por escrito de un documento de voluntades previas en las que se exprese qué desea hacer el enfermo en una situación de deterioro.

Sin embargo, en el PSOE se garantiza la legalidad de un sanitario que, tras muchos controles, administre una sustancia para ayudar a morir a un paciente que lo solicite y en el PP la de un médico que obedezca la voluntad de un paciente pero no la acción que le cause la muerte. Mientras el texto socialista regula la objeción de conciencia de los médicos, el popular ni siquiera toca ese asunto. Probablemente porque la proposición del partido de Pablo Casado no regula la eutanasia.