Acoso a la propiedad privada

Si algo ha sufrido en España en las últimas crisis económicas ha sido la cultura del ahorro. El discurso dominante ha puesto el acento en el gasto; los bajos tipos de interés oficiales no sólo han invitado a endeudarse, sino que terminaron desincentivando el ahorro tradicional en depósitos bancarios o fondos; y por último, el ahorro para la jubilación prácticamente ha sido desmantelado por el Gobierno.

Paradójicamente, detrás de estos tres fenómenos está, de una u otra manera, la voracidad fiscal del Estado. La fiscalidad española nunca ha favorecido el ahorro frente al gasto, pero ha sido en este siglo cuando más se ha desequilibrado el tratamiento de uno frente al otro. El caso de los fondos de pensiones es paradigmático. Hasta la reforma tributaria de Cristóbal Montoro de 2014, cada español podía ahorrar hasta 10.000 euros o el 30 por ciento de sus rentas en fondos de pensiones y aplicarse una deducción fiscal. A partir de esa fecha, la cantidad bajó a 8.000 euros. En 2021 la cifra se redujo a 2.000 euros, y en 2022, a 1.500.

Esto ha tenido un impacto apreciable en el ahorro privado para la jubilación, que ha caído un 31 por ciento en el último ejercicio, según la patronal del sector. Entre una cosa y otra, llevamos dos años perdidos en términos de ahorro individual para la vejez. El Gobierno sostiene ahora que solo las rentas altas se beneficiaban del ahorro para la jubilación y que las comisiones de las gestoras de fondos son muy elevadas. Esto es cierto, pero gran parte de este mal funcionamiento de los planes de pensiones se debe a que tanto el PSOE como el PP legislaron sobre este asunto tapándose la nariz. El resultado es que los ciudadanos han sido incentivados fiscalmente a dejar sus ahorros en un callejón oscuro, donde la falta de competencia, las comisiones abusivas y el exceso de mala regulación han hecho el resto. La rentabilidad real de los fondos de pensiones es manifiestamente mejorable, por lo que su atractivo se limita a la rentabilidad fiscal y no financiera.

En vez de corregir estos defectos, el Gobierno se ha embarcado en una reforma de las pensiones que toca casi todos los palos y que también interviene el ahorro de los particulares. La idea del ministro Escrivá es extender el sistema de planes de empresa del País Vasco a toda España, con un modelo muy similar al británico de 2012, que ha tenido éxito a la hora de aumentar el ahorro individual para complementar la pensión pública.

Para ello, Escrivá pretende crear un superfondo público de pensiones, formado por diversos fondos que administrarán estos planes de empresa y que probablemente será licitado para su gestión por un operador privado. A ese superfondo irán a parar los hasta 8.500 euros que pueden aportar a partes iguales el trabajador y su empresa y que tendrían un trato fiscal favorable. Sin embargo, gran parte del éxito del Reino Unido se debe a que ya antes de la reforma estos planes estaban muy extendidos, mientras que en el País Vasco las empresas son muy pequeñas y los beneficios se han concentrado en colectivos específicos.

Este nuevo modelo de ahorro individual para la jubilación supone la desaparición del sector tal como lo conocemos actualmente. No es raro que el sector financiero se queje de la limitación a la libertad de empresa y el intervencionismo de este proyecto. El Estado pretende ocupar un papel central, y no sólo en la regulación, sino en la orientación y gestión de los recursos, pero sin pagar por ello a través de incentivos fiscales, porque sencillamente no tiene dinero y las arcas públicas están exhaustas.

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