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La presión máxima que ha ejercido los últimos días la UE sobre la Hungría de Viktor Orbán para que retire su ley anti-LGTB, con amenazas de expulsión incluidas, no ha surtido ningún efecto.

El Gobierno de Budapest acaba de confirmar a la Comisión Europa que no tiene ninguna intención de rectificar. "Nadie más que los padres debe tener voz y voto en la educación sexual de los niños húngaros", reza la carta que Orbán ha remitido a Bruselas como respuesta a la petición de explicaciones que le había dirigido el equipo de Ursula von der Leyen.

El Ejecutivo comunitario prepara ya el lanzamiento urgente de un procedimiento sancionador contra Hungría, que acabará previsiblemente ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Von der Leyen ha tachado de "vergüenza" la ley húngara por considerar que discrimina a los homosexuales y vulnera el derecho a la libertad de expresión.

"Hemos recibido la respuesta de Hungría, que ahora estudiaremos detenidamente. Lo hemos dicho antes y lo repetimos de nuevo: la Comisión utilizará todos sus poderes para garantizar que los derechos de todos los ciudadanos de la UE estén protegidos. No dudaremos en actuar como guardianes de los Tratados", ha asegurado un portavoz del Ejecutivo comunitario. La presidenta ha dicho después que prepara una carta de emplazamiento contra Budapest, primera fase de un procedimiento de infracción.

La norma en cuestión prohíbe "la representación y la promoción de una identidad de género distinta del sexo al nacer, del cambio de sexo y de la homosexualidad" para los menores de 18 años, tanto en las escuelas como en los contenidos audiovisuales. Nada más conocerse su aprobación, Bruselas escribió una misiva a las autoridades húngaras en la que exponía sus preocupaciones y reclamaba aclaraciones adicionales. Budapest tenía de plazo hasta el 30 de junio para contestar.

En su carta de respuesta, el Gobierno de Orbán no da ni un paso atrás. "La nueva ley versa sobre la protección y la educación de los niños húngaros. Como tal, la forma en que los padres húngaros deseen educar a sus niños no pertenece a la jurisdicción de la Comisión ni debería preocupar a ninguna otra institución europea", sostiene su ministerio de Justicia en un comunicado.

"No se puede permitir que nadie obligue a los padres húngaros a aceptar que sus hijos reciban educación sexual sin su consentimiento explícito", prosigue la declaración. "Por eso, la ley prohíbe la propagada sexual (tanto homosexual como heterosexual) dirigida a los niños. Esto se ajusta a la Carta de Derechos Fundamentales y, como no se aplica a los adultos, no vulnera el derecho de nadie a la libertad de expresión sexual", concluye el ministerio de Justicia húngaro.

Tanto el grupo socialista en la Eurocámara como los liberales de Renew han pedido a Von der Leyen que rechace el plan de recuperación de Orbán, que le dará acceso a 7.200 millones de euros de subvenciones europeas. Una posibilidad que ha descartado la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, que alega que el reglamento sobre condicionalidad no permite bloquear las ayudas comunitarias por casos como la ley anti-LGTB.

De los instrumentos con los que cuenta Bruselas para intentar frenar la deriva autoritaria de Hungría, Jourova ha dejado claro que su opción preferida es iniciar un expediente de infracción. "No dudaremos en lanzar un procedimiento que puede llegar hasta el Tribunal de Justicia de la UE y que puede llevar también a sanciones financieras en el futuro", dijo este miércoles.