El derecho a la propiedad

El fenómeno de la ocupación de viviendas de forma irregular es uno de los que provoca mayor indignación ciudadana en España, especialmente cuando se trata de casos de primera o segunda residencia. No obstante, la mayoría de ‘okupaciones’ se producen en pisos vacíos de bancos o fondos de inversión.

Esta alarma ciudadana llevó al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a distribuir una guía en la que advierte de que en el caso de sufrir una ocupación nunca se recurra a cortar la luz, el agua o el gas a los okupas, ni tampoco a impedirles el acceso a la vivienda, ya que, paradójicamente, se podría incurrir en un delito.

Esa sensación de impunidad provocó un profundo malestar ciudadano que derivó en que durante el pasado año 2021 se produjeran multitud de protestas, caceroladas y enfrentamientos entre vecinos y okupas instalados en viviendas de forma irregular.

Desde Securitas Direct cifran el gasto en un desalojo en hasta 30.000 euros y hasta dos años de procesos judiciales e incluyen el el arreglo de desperfectos, abogados, cerrajeros, notarios e incluso en ocasiones los okupas solicitan dinero a cambio de marcharse.

Casos recientes por toda la geografía española

En Dénia (Alicante), el alcalde Vicent Grimalt (PSOE), ha llegado a pedir a los propietarios de la urbanización La Siesta, que está sin acabar, que acudan al juzgado para poder actuar contra familias de okupas que se han instalado en la urbanización y que están provocando muchos problemas entre los vecinos colindantes. Christine Huc, presidenta de los vecinos del Montgó, habla de «un polvorín». El alcalde admite que entiende que las personas que viven cerca estén «cansadas de aguantar», pero sostiene que lo único que pueden hacer es avisar a los propietarios para que sean ellos quienes denuncien y reforzar la presencia policial en la zona.

Una mujer intenta transportar sus enseres ante la atenta mirada de los agentes. Durante seis años los vecinos vivían a diario problemas por el tráfico de drogas y los robos constantes. Desalojo de una familia okupa.

En Sant Pere de Ribes (Barcelona), tres clanes conflictivos han asaltado una docena de pisos y se han instalado a la fuerza en la urbanización Casas del Mar, según publica Crónica Global. Los vecinos están atemorizados. «Utilizan las plazas de párking que no son suyas, abren los trasteros, sueltan a sus perros que dejan sus heces por todas partes, han montado chiringuitos en las terrazas, hacen ruido de noche y han estropeado ascensores y puertas”, relata un vecino.

A falta de conocer el balance de denuncias de 2021 del Ministerio del Interior, lo que sí se conoce son las denuncias interpuestas ante la policía por delitos de usurpación y allanamiento de morada del año anterior, y el crecimiento fue evidente. En concreto, el Ministerio del Interior registró 14.675 denuncias por okupación de viviendas en 2020, lo que se tradujo en un promedio de 40 diarias, y suponían un 41% más que en 2015.

En las últimas semanas ha habido varios casos que han saltado a los medios de comunicación.

Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), eleva la cifra a 120.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España, tanto de bancos y fondos de inversión como de ciudadanos particulares. Miranda, que denuncia en declaraciones a 20minutos un «avance imparable» en España de «este fenómeno delictivo», asegura que «de momento no hay datos publicados todavía del año 2021, pero cuando los publiquen serán datos parciales porque solo una parte se denuncia en los juzgados». En muchas otras ocasiones los propietarios llegan a acuerdos con los okupas para que desalojen sus propias casas a cambio de una compensación económica.

Al respecto, agrega que «no hay estadísticas oficiales específicas porque el Ministerio del Interior no tiene el más mínimo interés en reflejar la realidad».

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