Sin pies ni cabeza

Escrito por el 9 de febrero de 2024

Era en abril de hace un año cuando el Consejo de la UE adoptaba sus «conclusiones relativas a una agricultura hipocarbónica». Allí afirmaba que el campo tenía un papel fundamental en la eliminación de las emisiones de CO2. Poco más de un año después, la UE impulsa una norma que amenaza con cerrar infinidad de explotaciones agrícolas con su exigencia de restauración de la naturaleza.

En un año la agricultura ha pasado de ser un aliado a un perseguido de los planes ecologistas ultra de la UE. En abril de 2022, un comunicado de Bruselas destacaba que «los ministros de Agricultura habían adoptado unas Conclusiones sobre la agricultura hipocarbónica […] con objeto de incentivar prácticas agrícolas que contribuyan a capturar el dióxido de carbono de la atmósfera y a fijarlo en los suelos o la biomasa de forma sostenible». Las prácticas mencionadas incluían, «en materia agrícola, la plantación de setos o de árboles, el cultivo de leguminosas, el uso de cultivos intermedios y cultivos de cobertura, la agricultura de conservación y el mantenimiento de turberas, y, en materia forestal, la forestación o la reforestación».

En las Conclusiones se detallaban las expectativas del Consejo «en relación con el marco de certificación para la eliminación de dióxido de carbono, […] con la intención de permitir que se recompensen económicamente las prácticas que aumenten la eliminación y el almacenamiento de dióxido de carbono a partir de requisitos de medición científicamente probados».

Es más, el Consejo acogía «favorablemente la comunicación y reconocía el papel clave que pueden desempeñar la agricultura y la silvicultura en la lucha contra el cambio climático mediante la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera. Los ministros han reconocido además la importancia de proporcionar un apoyo financiero que suponga un incentivo suficiente para los agricultores y silvicultores como complemento a la política agrícola común, a partir de recursos tanto públicos como privados, con el fin de alentarlos a adoptar estas prácticas beneficiosas para el clima».

Hasta ahí, el plan de hace un año. Porque el guion actual ha llevado a Europa a diseñar la Ley de Restauración de la Naturaleza. Una norma que ha llevado a los agricultores y pescadores a ponerse en pie de guerra porque pretende obligar a los estados miembros a restaurar todos los ecosistemas dañados de aquí al año 2050. Y todo ello implicará la pérdida de numerosas tierras de cultivo y de caladeros. Justo de esa tierras que hace un año se veían como potenciales aliados en base a las mismas explicaciones científicas que hoy se utilizan para sentenciar a muerte las plantaciones.

Además, la UE, con la norma citada, pretende que el coste de aplicar todas estas medidas salga de los propios fondos de la PAC, con lo que las ayudas que perciben los ya castigados agricultores se verían drásticamente reducidas. Y eso sin contar con el coste de aplicar las reformas, algo que Europa ya admite que supondrá una pérdida de ingresos para agricultores y pescadores.


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