¿Vivir o morir?

Escrito por Daniel Valuja el 25 de mayo de 2022

Amnistía Internacional (AI) ha detectado un «aumento preocupante» de las ejecuciones y condenas a muerte en 2021, con un repunte del 20% respecto al año anterior como consecuencia, entre otros factores, del fin de muchas de las restricciones por la pandemia de covid-19, según revela este martes en su informe anual.

La organización humanitaria explicó que algunos de los «verdugos más prolíficos del mundo» han retomado estas prácticas aprovechando la vuelta de la actividad a los tribunales y citó expresamente a Irán, Arabia Saudí o Birmania (Myanmar).

En su análisis, AI cifra en 579 el número total de ejecuciones cometidas en 18 países durante el pasado año, de las que 314 corresponden a Irán, lo que sitúa al régimen de Teherán en su tasa más alta desde 2017. En el caso iraní lo atribuye, en parte, al aumento de las ejecuciones relacionadas con las drogas, si bien el derecho internacional prohíbe la pena capital para delitos distintos a los que impliquen el homicidio intencional, según recordó Amnistía.

Asimismo, las ejecuciones se duplicaron «con creces» en 2021 en Arabia Saudí, donde durante solo un día de marzo las autoridades acabaron con la vida de 81 personas.

Contra el derecho internacional

La secretaria general de AI, Agnès Callamard, lamentó en un comunicado que, después de reducir sus cifras en 2020, esos dos países volvieron a incrementar el uso de la pena de muerte en 2021, «llegando a violar sin reparos las prohibiciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos».

Respecto a las condenas, la organización indicó que, tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia, que habían retrasado procesos judiciales, «se dictaron, al menos, 2.052 sentencias a muerte en 56 países», el 40% más que en 2020.

Los mayores repuntes se registraron en Bangladesh (al pasar, al menos, de 113 a 181), India (de 77 a 114) y Pakistán (de 49 a 129).

«En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de derechos humanos», subrayó Callamard.

A pesar de estos retrocesos, AI destacó que el número total de ejecuciones contabilizadas en 2021 constituye la segunda cifra más baja, después de la de 2020, que AI ha registrado desde al menos 2010.

China, Corea del Norte y Vietnam, a oscuras

No obstante, la ONG recordó que las cifras totales no incluyen las ejecuciones y condenas de «los miles de personas» que cree que han padecido estas prácticas en países como Corea del Norte, Vietnam o China.

«China, Corea del Norte y Vietnam —advirtió Callamard— siguieron ocultando su uso de la pena de muerte bajo capas de secretismo pero, como siempre, lo poco que vimos fue motivo de gran alarma».

La pena de muerte, lamentó AI, es también un instrumento de represión estatal para controlar a las minorías y manifestantes, como quedó demostrado durante 2021 en Myanmar con un «alarmante aumento» detectado tras la aplicación de la ley marcial en el país asiático.

La transferencia de poderes judiciales a los militares birmanos dio paso a «procedimientos sumarios sin derecho a apelación» y «alrededor de 90 personas fueron condenadas a muerte arbitrariamente», muchas de ellas in absentia, en lo que «se interpretó ampliamente como una campaña selectiva contra manifestantes y periodistas».

Pasos positivos

Las cifras globales son «alarmantes», insistió AI, si bien celebró que 2021 mantuvo una «tendencia positiva mundial» hacia la abolición, con pasos importante al respecto, por ejemplo, en Sierra Leona, Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Malasia, la República Centroafricana y Ghana.

También Estados Unidos efectúa progresos, después de que Virgina se convirtiese en el vigésimo tercer estado abolicionista y el primero del sur en abolir la pena de muerte, mientras que, por tercer año consecutivo, Ohio reprogramó o suspendió todas las ejecuciones previstas.

En paralelo, observó AI, la nueva administración de Washington estableció en julio una moratoria temporal de las ejecuciones federales, lo que se tradujo en la cifra más baja de ejecuciones desde 1988.