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El borrador de acuerdo sobre el Brexit ocupa 585 páginas en las que de desarrollan 185 artículos, tres protocolos y varios anexos. Los tres asuntos que han ocupado la mayor parte de la negociación han sido los relativos a derechos de los ciudadanos, la factura que deberá asumir Reino Unido tras su salida de la UE y el escollo de la frontera de Irlanda del Norte.

El pacto sobre Irlanda. El conflicto sobre Irlanda se había convertido en el gran escollo para cerrar el Acuerdo de salida del Reino Unido de la UE, pero al final en la palanca que puede permitir a Londres un acceso privilegiado al jugoso e imprescindible mercado comunitario.

El Protocolo sobre Irlanda incorporado al Acuerdo contempla la extensión del período transitorio de salida más allá del 31 de diciembre de 2020. Londres deberá solicitar la prolongación antes del 1 de julio de 2020 si para entonces, como parece probable, no se ha logrado encontrar una solución aceptable para los británicos que garantice el mantenimiento de la libre circulación de mercancías entre Irlanda (socio de la UE) e Irlanda del Norte (territorio británico).

El equipo negociador de la UE, dirigido por Michel Barnier, ha introducido la cautela de que esa prórroga solo se podrá solicitar una vez. Pero no se ha concretado el plazo, por lo que podría ir mucho más allá de 2021. Durante esa transición, Londres mantendría el mismo acceso al mercado europeo que disfruta como socio de la UE. Una vez expirado el plazo transitorio y si todavía no se ha encontrado una fórmula para evitar la aparición de una frontera dentro de Irlanda, el Reino Unido se mantendrá integrado en la Unión aduanera europea, lo que también le garantiza la entrada y salida fluida de mercancías con el continente.

El Protocolo prevé el establecimiento de un comité conjunto (con un miembro de la Comisión y un ministro británico) encargado de velar del cumplimiento de lo pactado. Esa nueva figura es la que más inquieta a otros socios europeos porque obligará a negociar de igual a igual a Bruselas y Londres en materias tan diversas como política de competencia, fiscalidad, o estándares sociales o medioambientales. Algunas capitales europeas temen que el Protocolo amplíe de hecho el margen de maniobra de Londres, muy limitado ahora en el seno del Consejo de la UE, donde puede y ha sido minorizado para aprobar legislaciones rechazadas por los sucesivos gobiernos británicos.

Los previsibles litigios que surgirán entre las dos parte se resolverán en un panel de arbitraje independiente, que dirimirá con arreglo a un calendario y unas normas fijadas en el Protocolo. En caso de que las disputas estén relacionadas con el derecho de la Unión, el panel estará obligado a remitir una consulta al Tribunal de Justicia europeo y acatar su veredicto. Los negociadores europeos confían en que esa instancia preserve la aplicación de la jurisprudencia en caso de choque frontal con Londres.

Los derechos de los ciudadanos. Más de tres millones de ciudadanos de la UE y más de un millón de nacionales británicos tenían en juego sus derechos. Para calmar esa creciente inquietud, ambas partes pusieron el asunto sobre la mesa en los primeros compases de las conversaciones. Sobre el resultado final, el negociador comunitario Michel Barnier dijo que no se verán afectados. Lo resumió en una frase: “Podrán seguir sus vidas como antes en su país de residencia”.

Los residentes en Reino Unido con pasaporte de uno de los restantes 27 miembros, o los dueños de pasaporte británico viviendo fuera, se beneficiaron durante décadas de la libre circulación para diseñar sus vidas. El derecho de ambos a moverse sin cortapisas quedará restringido una vez se consume el Brexit, pero Reino Unido se ha comprometido a respetar los derechos de residencia, trabajo, estudio, reunificación familiar o asistencia sanitaria para los ciudadanos europeos que se encuentren allí antes del 29 de marzo de 2019 y para los que lleguen durante el periodo transitorio.

El texto incluye la posibilidad de que se pida a los ciudadanos y sus familiares aplicar para un nuevo estatuto de residencia, una opción que Londres ya ha puesto en marcha con el compromiso de que se trate de un proceso simple. El documento también advierte contra la tentación de aplicar baremos diferentes a los ciudadanos británicos o comunitarios: recoge la prohibición expresa de discriminación por motivos de nacionalidad y el derecho a la igualdad de trato en la remuneración o las condiciones laborales.

La factura de Reino Unido. El acuerdo fija cómo Bruselas y Londres irán pasando cuentas cada año. De entrada, Reino Unido seguirá realizando sus aportaciones al Presupuesto de los próximos dos años como un socio más. Es decir, aunque abandone el club europeo en marzo 2019, continuará aportando alrededor de 7.000 millones de euros netos anuales. La UE podrá invitar a expertos del país a asistir a comités específicos, pero sin derecho a voto.

Londres ya no deberá hacer más contribuciones para los Presupuestos 2021-2027 y cualquier nueva aportación por el acceso al mercado único se negociará bilatelarmente. Aun así, su relación con la UE no acaba ahí. Reino Unido recibirá fondos por liquidar su participación en instituciones como el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones, pero aun así las estimaciones de las partes señalan que el saldo neto será favorable a Bruselas en alrededor de 50.000 millones.

Ello se debe también a los "compromisos pendientes". Las cuentas de un ejercicio conllevan obligaciones para los siguientes. Y el marco presupuestario actual va de 2014 a 2020. Es decir, en 2019 se puede decidirse la financiación de una infraestructura que necesite varios años para ser ejecutada. Reino Unido también deberá hacerse cargo de esos compromisos en la misma proporción en la que contribuye al Presupuesto de la UE (el 13%).

El país, además, seguirá siendo responsable, de acuerdo con la cuota que le corresponde, de las pensiones y los beneficios sociales que hayan adquirido los funcionarios (todos, no solo los británicos) de la UE hasta 2020, y que de momento suman unas obligaciones de unos 67.000 millones.