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Cada tanto los miembros de la clase política, jueces y fiscales, los funcionarios públicos, se quejan de la poca consideración en la que los tienen la sociedad. Y es obvio preguntarse: ¿Por que no los tratan mejor?

Simplemente porque representan o caracterizan, a una de las partes más visibles de la corrupción. Las soluciones a esta situación son pocas y extremadamente sencillas. Los legisladores, que no son otra cosa que la cúspide de la clase política, deberían sancionar leyes.

No muchas, pero sí fundamentales. Ninguna persona que fuera sospechada públicamente de cualquier forma de corrupción, puede cargo alguno. Se dirá que de esta manera se conculca el principio de inocencia, pero es que precisamente ese principio es el que permite que hombres y mujeres con graves cargos en su contra, sean legisladores, por ejemplo.

Y se escudan en esos cargos o en funciones relevantes, para no ser afectados por la acción de la justicia. Sería saludable que hubiera personas, que no tengan sobre sus vidas ninguna sombra o cosa alguna que ocultar.

Complementando esta ley, debería sancionarse otra que disponga que quienes hubieran cometido cualquier forma de delito ocupando cualquier cargo público, esa condición será un agravante de la pena final.

Entonces muchas cosas cambiarían y la percepción de quienes se sienten perseguidos o marginados por la opinión pública, serían reconocidos como honrados servidores al servicio de su país.

Debemos comprender que los privilegios son anti-bíblicos y todo lo que se oponga a Dios es esencialmente malo.